El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-ley 7/2026, que, dentro del Plan de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, introduce medidas relevantes en materia de vivienda. Por un lado, se prorrogan las deducciones fiscales por obras de rehabilitación energética, extendiéndolas a actuaciones realizadas durante 2025 y 2026 (y hasta 2027 en el caso de edificios). Estas deducciones se aplican a viviendas habituales, alquiladas o con previsión de alquiler, siempre que las obras acrediten una mejora en la eficiencia energética mediante certificado oficial. En concreto, se mantiene una deducción del 20% si se reduce al menos un 7% la demanda de calefacción y refrigeración, del 40% si se recorta un 30% el consumo de energía primaria no renovable o se alcanza una calificación energética A o B, y del 60% en rehabilitaciones de edificios residenciales que logren esos mismos objetivos. Estas ayudas ya han tenido un impacto notable desde su implantación en 2021, con más de 290.000 beneficiarios y cerca de 300.000 declaraciones presentadas.

Al mismo tiempo, el decreto incorpora una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público para fomentar la construcción y rehabilitación de vivienda pública y asequible en suelos de titularidad pública. El objetivo es flexibilizar los procedimientos y facilitar fórmulas de colaboración público-privada que permitan aumentar la oferta de vivienda social o a precios accesibles. En conjunto, las medidas buscan tanto mejorar la eficiencia energética del parque inmobiliario como dar respuesta a la necesidad de ampliar la vivienda asequible.

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