El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha completado la transferencia de los primeros 800 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a las comunidades autónomas. Esta cantidad corresponde a la primera anualidad estatal y permitirá comenzar a desarrollar nuevas políticas públicas de vivienda en todo el territorio.

Paralelamente, el Ministerio ha iniciado la tramitación de una orden que establecerá los mecanismos de seguimiento, evaluación e intercambio de información del plan. El objetivo es contar con un sistema común que permita conocer periódicamente su evolución y elaborar informes trimestrales y anuales sobre el cumplimiento de los objetivos.

Entre las condiciones previstas se encuentra la protección permanente de las viviendas financiadas con fondos del plan, evitando su descalificación futura, así como su adjudicación mediante procedimientos públicos y objetivos. Con estas medidas se busca garantizar una gestión transparente de los recursos y mantener la función pública de las viviendas financiadas.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 cuenta con una inversión total de 7.000 millones de euros, triplicando los recursos del programa anterior. Su estrategia se articula alrededor de tres grandes ejes: más construcción, más rehabilitación y más protección, con el propósito de ampliar el parque público de vivienda asequible y mejorar el acceso a la vivienda.

Además, el plan establece que los recursos públicos deben destinarse a viviendas que mantengan su carácter protegido a largo plazo, reforzando así un modelo orientado a incrementar y preservar el parque público residencial.

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